Cuando esta mañana empecé a escribir este artículo estábamos esperando que cerraran Telegram. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había ordenado el pasado viernes noche el cierre cautelar de Telegam, por una denuncia de Movistar, Atresmedia y Mediaset por la distribución ilegal de sus contenidos. Pedraz explica en su auto que las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, donde está la sede social de Telegram, no respondió a las peticiones de información de la Justicia española, así que él decidió bloquear la aplicación y dejar temblando a unos 8,5 millones de usuarios en nuestro país. La medida reabrió el debate sobre los límites de la libertad de expresión e información y sobre ante quién responden las grandes tecnológicas.
Ahora después de comer, y todavía esperando que deje de funcionar la aplicación, en un estado de ánimo gris como el día de lluvia. Sale la noticia de que el mismo juez que el viernes había ordenado el bloqueo de Telegram ha dejado definitivamente sin efecto la orden de suspensión cautelar de la plataforma de mensajería. El magistrado de la Audiencia Nacional, tras recibir un informe de la Policía, concluye que la suspensión de la aplicación de mensajería supondría un claro perjuicio a los millones de usuarios que la utilizan de forma lícita.
¿Este juez estaba buscando protagonismo? ¿generar controversia? o ¿simplemente alguien le ha explicado la inutilidad de la prohibición? ya que con una VPN se puede ocultar la ubicación real del equipo y simular que la petición para acceder al servicio llega desde fuera de España. Además de ponernos a la altura de regímenes autoritarios que no respetan derechos básicos de sus ciudadanos. En fin… donde dije digo, digo Diego.
Arrate Enes 